A vueltas con los incentivos

Dice Wikipedia que la política económica - no debe confundirse con economía política – “es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países”. Y añade que “esta estrategia está constituida por el conjunto de medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos que alteran los incentivos económicos para obtener unos fines o resultados económicos específicos”. Por su parte, Paul Krugman (Premio Nobel de Economía, 2008), en su manual “Fundamentos de Economía” (libro de texto que recomiendo como bibliografía básica a mis alumnos de primero), define los incentivos como la “recompensa que se ofrece a los individuos para que cambien o alteren su comportamiento”. Lo que está claro es que el principio de que los individuos aprovechan todas las oportunidades de mejorar es la base de todas las predicciones sobre la conducta individual. Así, los individuos responden a los incentivos cambiando su comportamiento porque dicho cambio les ofrece algún tipo de recompensa.

En Cataluña se pretende establecer un “incentivo económico” para aquellos médicos que disminuyan el número de bajas laborales emitidas (incentivo que ya funciona desde hace tiempo en Madrid y Murcia) con el objeto último de atajar el elevado absentismo laboral pero sobre todo de aliviar las arcas de la Seguridad Social.

Lo primero que me cuesta entender es porqué hay que “incentivar económicamente” a un individuo por hacer su trabajo; emitir, o no, informes de bajas laborales forma parte de las funciones de un médico y se entiende que estas funciones ya están retribuidas en su sueldo (lo mismo, por ejemplo, para los cuerpos de seguridad del estado, que cobran un incentivo en función de las sanciones que imponga, ¿pero no es éste ya su trabajo?). Además, las bajas, o son bajas o no. Es decir, no se puede pretender alterar “artificialmente” su número. Y si se asume que se están emitiendo informes de bajas laborales sin justificación es que algo más grave falla en el sistema que un mero incentivo pueda solucionar.

Lo segundo, y lo que más me preocupa, es que este tipo de incentivos benefician a unos a costa de otros (que el médico no emita una determinada baja laboral puede perjudicar a un paciente que realmente la requiera, que un policía se exceda imponiendo sanciones perjudicaría claramente al sancionado,…) y se convierten en mecanismos perniciosos que rara vez cumplen con el objetivo para el que fueron concebidos. Supongamos que un médico (honesto y racional) ha de dictaminar si un paciente sufre algún tipo de enfermedad o dolencia que justifique, o no, su baja laborar. Tenemos tres posibles situaciones: que la baja esté claramente justificada, que no lo esté, o que exista una cierta duda. En este último caso, y en presencia del incentivo antes mencionado, ¿cuál sería la conducta del médico? Pues eso.

Hay otras posibilidades, como instaurar mecanismos de control y supervisión más exhaustivos, inspecciones,… Y si lo que se pretende es que este tipo de incentivo resulten en un incremento salarial (nótese que la mayor parte de los empleados públicos reciben salarios relativamente bajos y sus nóminas engordan a base de complementos retributivos o incentivos) ¿por qué no aplicar directamente esa subida salarial?

Conste en acta que me parece muy bien que se instauren incentivos de productividad, pero hay que tener cuidado si estos incentivos perjudican a unos para “incentivar” a otros.